Hace dos años Juventudes Socialistas de Navalmoral decidió interponer una queja al Defensor del Pueblo de España ante la instalación de Videocámaras por todo el casco urbano del municipio. (Difusión de la noticia. DIARIO HOY).
Con ésta, nuestra organización pretendía saber sobre el posible fraude de ley en el que se había incurrido para la instalación de las mismas y también iniciar un debate público, que no había tenido lugar, sobre la idoneidad de tener permanentemente unas videocámaras y la correspondiente afección del derecho a la intimidad y a la propia imagen.
De forma esquematizada Juventudes Socialistas cuestionó la legalidad por 2 razones:
1. La tramitación de la instalación de videocámaras es bien distinta en función del objetivo que se quiera cumplir. Así pues, podemos diferenciar aquellas que corresponden al "Control del tráfico", de las que sirven para "seguridad ciudadana".
El seguimiento de las imágenes en la segunda es mucho más estricto, requiere la creación de una comisión de garantías de la videovigilancia (Cap. III R.D. 596/1999) y comporta un control, al menos periódico, de la utilización de las imágenes. En cambio, el Ayuntamiento de Navalmoral optó por la vía fácil.
Todos sabemos que el fin de las Videocámaras instaladas no es controlar precisamente el tráfico, en tanto en cuanto, parte de las calles Antonio Concha y Urbano González Serrano están cerradas al tráfico rodado, así como por las propias manifestaciones del equipo de Gobierno: http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=345765
2. Toda videocámara de carácter permanente debe disponer de señales u otros indicando su existencia, y sin embargo, esto no ocurre en Navalmoral. El texto que lo regula es muy claro en este sentido (artículo 9.1 de la Ley Orgánica 4/1997 por la que se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos “el público será informado de manera clara y permanente de la existencia de videocámaras fijas")
